Estos días, el caso de Maricarmen, una anciana española de 87 años que fue sacada en camilla de la casa donde vivió durante más de 70 años, ha desatado una fuerte indignación en la sociedad local.

Más tarde, tras la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, el propietario, Urbagestión, llegó a un nuevo acuerdo con la anciana: firmar un nuevo contrato de alquiler por 8 años, con una renta que no superará el 30% de sus ingresos netos, permitiéndole volver a su hogar original una vez que sea dada de alta del hospital.

Sin embargo, a miles de kilómetros de distancia, en el internet en chino, hay un grupo de personas que reaccionaron con un dolor desconsolado, saltando e insultando con furia:

“¡Esa es una lógica de ladrones! ¡Es una violación de la propiedad privada!”

“¿Quién se atreverá a comprar casas para alquilar en el futuro? ¡El gobierno está robando!”

“¡El gobierno de izquierdas vuelve a consentir a los vagos para que vivan gratis!”

La indignación era verdaderamente monumental.

Para quien no supiera qué pasaba, parecería que el gobierno español iba a enviar vehículos blindados mañana mismo a confiscar las decenas de mansiones de lujo que tienen a su nombre.

Pero aquí reside el humor más negro de la situación:

Muchas de estas personas que se muestran tan afligidas por la política ni siquiera tienen una casa propia.

Incluso algunos son inmigrantes recién llegados que tienen dificultades para alquilar y se enfrentan a diario a subidas de alquiler, renovaciones de contratos y honorarios de agencias; en la realidad, son claramente la parte más vulnerable del mercado inmobiliario.

Y, sin embargo, su primera reacción no es:

“Si algún día me quedo sin trabajo, enfermo, envejezco o caigo temporalmente fuera de la red de seguridad social, ¿me daría este sistema al menos un pequeño margen de maniobra?”

Sino que se transforman al instante en defensores del capital, lamentándose amargamente:

“Ay, qué difícil lo tienen los propietarios.”

“¿Cómo se garantizará la tasa de rentabilidad del capital?”

“¿Quién se atreverá a invertir en el futuro?”

En la vida real siguen peleando por conseguir alquileres baratos, pero mentalmente ya han logrado una transición perfecta para identificarse con los “malvados propietarios”.

Ni siquiera tienen casas, pero la inmersión en su nueva clase social la han conseguido de un solo paso.

Lo que es más absurdo es que muchos ni siquiera se han molestado en leer detenidamente qué dice exactamente la legislación española actual.

La ley vigente en España no dice:

“Mientras el inquilino diga que es pobre, el propietario nunca podrá echarlo.”

Todo lo contrario.

Si el inquilino debe el alquiler, el propietario puede rescindir el contrato de acuerdo con la ley; si el contrato de alquiler expira legalmente y el inquilino se niega a irse, el propietario también puede iniciar un desahucio y pedir al juzgado que recupere la vivienda.

Además, este derecho no tiene nada que ver con si el propietario tiene una, dos o decenas de casas.

El dueño de una casa puede demandar, el dueño de diez casas puede demandar, y una empresa inmobiliaria también puede demandar de la misma manera.

El artículo 27 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de España establece claramente el impago como motivo legal para rescindir el contrato; el artículo 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) estipula igualmente de forma clara que, ya sea por impago o por expiración del contrato, el propietario puede recuperar la posesión mediante un procedimiento de desahucio.

Entonces, ¿qué protege exactamente la llamada “protección a inquilinos vulnerables”?

No es tan aterrador como dicen en internet.

Según el artículo 441 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que sigue en vigor, si el juzgado confirma que el inquilino se encuentra en situación de vulnerabilidad económica o social, puede suspender temporalmente el procedimiento para permitir la intervención de los servicios sociales.

Pero esta suspensión no es indefinida:

Si el propietario es una persona física, el máximo es de 2 meses.

Si el propietario es una persona jurídica (como una empresa), el máximo es de 4 meses.

Una vez cumplido el plazo, la ley lo dice claramente:

La suspensión se levanta automáticamente y el proceso judicial continúa.

Y el juez, al tomar su decisión, también debe considerar si el propio propietario pertenece a un grupo vulnerable.

Por supuesto, uno puede opinar:

“Dos meses es demasiado tiempo.”

“Tampoco se debería esperar cuatro meses.”

Todo esto es completamente discutible.

Pero llamarlo:

“El gobierno de izquierdas está regalando las casas a los inquilinos.”

“A partir de ahora, si los inquilinos se quedan, nunca se les podrá echar.”

“La propiedad privada ya no existe.”

Eso ya no es una simple diferencia de opinión.

Eso es tener tanta pereza que ni siquiera se lee lo que dice la ley.

Además, en el caso de Maricarmen hay un hecho especialmente importante:

Ella no es una okupa.

No entró a vivir forzando la puerta de la casa de otra persona.

Tampoco es una “inquilina parásita” que deba varios años de alquiler y se niegue obstinadamente a pagar.

Ella vivió allí legalmente durante más de 70 años, con un contrato de renta antigua que data de 1956. Siempre pagó su alquiler. La verdadera controversia que surgió después se centró en cuestiones sobre la subrogación, vigencia y extinción de los contratos de renta antigua. El Tribunal Supremo acabó respaldando la interpretación legal del propietario sobre la extinción del contrato, motivo por el cual el juzgado ejecutó legalmente el desahucio.

Así que la controversia de todo este asunto nunca fue:

“Una anciana ha usurpado la casa de otro durante 70 años.”

Sino:

Ante un propietario que tiene el derecho legal de recuperar la vivienda, y una anciana de 87 años que ha vivido allí casi toda su vida y no tiene una alternativa real de alojamiento, ¿qué debería hacer la sociedad?

El tribunal falló finalmente a favor del desahucio.

La ley se ejecutó.

No hay nada que no se pueda admitir al respecto.

Pero que la sociedad española vea a una anciana de 87 años ser sacada en camilla de la casa en la que vivió durante más de 70 años y sienta compasión, proteste y se indigne, es igualmente comprensible.

Que la justicia le dé la razón al propietario no significa que la sociedad deba dictar también la anulación de su empatía.

Ahora, echemos un vistazo al nuevo propietario, Urbagestión.

La historia que algunos se han montado en la cabeza es:

“Una joven y trabajadora pareja que, tras ahorrar con gran esfuerzo toda su vida, compra una casa, pero se topa con una anciana que se aferra a ella y se niega a mudarse.”

Este melodrama ya casi da para una telenovela de horario estelar.

Pero la realidad no parece ser tan sencilla.

Urbagestión es, en sí misma, una empresa que se dedica a la inversión, gestión de activos y promoción inmobiliaria.

Las investigaciones de los medios españoles revelan que en aquel momento tenían a la venta más de una decena de edificios residenciales, entre ellos un inmueble entero cerca de la Gran Vía de Madrid, cotizado en 12,5 millones de euros; además, la plataforma estaba gestionando al mismo tiempo la compraventa de casi 300 farmacias en más de 20 ciudades de España.

Sus dos principales responsables también están vinculados a más de una decena de sociedades, con negocios que incluyen el sector inmobiliario y otros.

Urbagestión compró la vivienda en la que residía Maricarmen en 2018 por unos 240.000 euros.

Cuando la compraron, ya sabían que en su interior vivía una antigua inquilina de larga duración.

El valor de mercado actual de esta propiedad, según informa el diario El País, es ya aproximadamente de 3 a 4 veces su precio de compra original.

El arbitraje es, por supuesto, un instinto comercial.

Comprar barato y vender caro tampoco está mal.

Ganar dinero invirtiendo en inmuebles, menos aún.

Pero la vivienda, al fin y al cabo, no son acciones ni Bitcoin.

Si las acciones caen a cero, a lo sumo te tocará comer fideos instantáneos.

Si se pierde la vivienda, dónde dormirá una anciana de 87 años por la noche es un problema real.

Por eso siempre me ha parecido extraño:

La ley actual, obviamente, no ha eliminado el derecho de los propietarios a recuperar sus viviendas.

Si el inquilino debe alquiler, se le puede desahuciar.

Si el contrato expira legalmente, se le puede desahuciar.

Una vez haya sentencia judicial, se puede ejecutar.

Incluso para los inquilinos vulnerables, la protección ordinaria actual no es más que, bajo condiciones específicas, permitir que primero intervengan los servicios sociales, dar un margen de maniobra de 2 a 4 meses, y luego continuar con el procedimiento.

Y aun así, esto es capaz de asustar de muerte a algunas personas comunes y corrientes que no tienen la más mínima relación con el gran capital.

Siendo claramente trabajadores comunes que en cualquier momento pueden enfrentarse a la enfermedad, la vejez, el desempleo o el aumento del alquiler.

Tienen, paradójicamente, un “corazón noble” dispuesto a dar la vida y derramar sangre en cualquier momento por los grandes multimillonarios.

Preocupándose a diario por las tasas de retorno de inversión de los tiburones financieros.

Preocupándose por la integridad patrimonial de las empresas inmobiliarias.

Temiendo en nombre del capital que el gobierno esté interviniendo demasiado.

Es posible que en la vida real sigan haciendo malabares para pagar el alquiler de cada mes, pero mentalmente ya se han sentado en la junta directiva de una promotora inmobiliaria.

Aún no tienen capital, pero ya han adoptado la conciencia burguesa.

Pero, ante una anciana de 87 años en silla de ruedas que ha vivido en una casa durante 70 años, de repente se vuelven inmensamente racionales, inmensamente fríos, inmensamente expertos en leyes, transformándose en un instante en los más despiadados asesores legales:

“Contrato finalizado, a la calle según la ley.”

La ley requiere reglas.

El mercado necesita eficiencia.

Los derechos de propiedad, por supuesto, también necesitan protección.

Incluso creo que los problemas de la excesiva lentitud del sistema judicial español y de que los derechos legítimos de los propietarios no se ejecuten a tiempo, también deberían corregirse.

Pero la razón por la que a una sociedad se le llama civilizada es precisamente porque no se compone únicamente de fríos contratos, títulos de propiedad, balances de situación y una frase arrogante:

“Así es el mercado.”

El juzgado puede ordenar su desalojo.

El propietario también puede recuperar su vivienda legalmente.

Pero la sociedad tiene el mismo derecho a preguntarse:

A una anciana de 87 años que ha llegado a la etapa final de su vida, y que carece de una alternativa real de vivienda, ¿no hay posibilidad de ofrecerle una solución más digna?

Los hechos posteriores también demostraron que:

Sí la hay.

Al final, ambas partes firmaron un nuevo contrato de arrendamiento por 8 años.

El propietario no perdió la titularidad.

Y la anciana no acabó durmiendo en la calle.

El capital no fue destruido.

Ni el mercado libre se ha derrumbado por ello.

Así que lo verdaderamente irónico es este “síndrome del capitalista espiritual” tan generalizado:

En la vida real son inquilinos, espiritualmente son caseros.

En la vida real son personas de a pie, espiritualmente ya se sientan en el consejo de administración de los capitalistas.

Si, bajo los engranajes de las normas y la eficiencia, se pierde incluso la empatía por la base de subsistencia de los más desfavorecidos, eso no se llama sensatez.

Eso se llama un servilismo autoimpuesto por su propia imaginación.